Fortalecer la Institucionalidad, exigiendo que las principales Instituciones del Estado actúen respetando la Constitución y las leyes, devolviendo el poder al ciudadano y limitando los abusos de los funcionarios.
Dotar de mayor independencia a los órganos de control y reformar las leyes de: Fiscalía General de la República, Corte de Cuentas, Instituto de Acceso a la Información Pública y Tribunal de Ética Gubernamental. Que su presupuesto se incorpore al Presupuesto General de la Nación, de la misma manera en que se hace con el de la Asamblea Legislativa y que ésta lo revise, pero que su asignación no dependa del Ejecutivo.
Facilitar los mecanismos de denuncia y contraloría ciudadana en instituciones como la Fiscalía General de la Republica, Procuraduría de Derechos Humanos, Tribunal de Ética Gubernamental e Instituto de Acceso a la Información Pública.
fortalecer a la FGR para que las denuncias de ciudadanos contra funcionarios se tomen con la seriedad y agilidad debida, teniendo una dependencia especial para ello.
Reformar la Constitución de la República para que el Director de la Policía Nacional Civil y el Ministro de la Defensa, sean nombrados por la Asamblea Legislativa con mayoría calificada.
Frenar el endeudamiento del país y recortar el gasto público innecesario.
Promover la recuperación económica del país, apostándole de forma unánime a la generación de empleos, que abarque desde la recuperación del agro, para asegurar la autosostenibilidad alimentaria hasta el tema del uso de tecnologías, para promover el empleo entre jóvenes.
Promover reformas a la Ley de Teletrabajo que faciliten los mecanismos de generación de acuerdos entre empleadores y trabajadores y las condiciones en las que se desempeñen las funciones en esta modalidad.
Promover la normatividad necesaria para la facilitar la incorporación y funcionamiento de empresas dedicadas a labores y economías esencialmente digitales.
Innovar las leyes laborales para que nos permitan competir con el mundo globalizado.
Crear legislación para brindarle más incentivos a las inversiones nacionales y extranjeras de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para que generen empleos.
Promover reformas a la ley de protección al consumidor para ampliar la protección de los derechos de los consumidores en el comercio electrónico, sistema financiero, electricidad y telecomunicaciones.
Reformar la Ley contra la Usura que actualmente está enfocada en supervisar y controlar a los bancos, pero no al mercado real que abusa del sector informal a través de esta figura.
Promover una ley de protección a los subcontratistas del Estado.
Promover el estudio, análisis y aprobación de la Ley de la Función Pública y la profesionalización de los empleados públicos, para que toda plaza en el sector público sea ocupada por personas capaces y competentes y así evitar la contratación de familiares, amistades o para pagar favores.
Promover las reformas legales necesarias para incluir criterios técnicos y profesionales para la evaluación de los candidatos a funcionarios de segundo grado y titulares de Instituciones Públicas.
Promover las reformas legales necesarias para que todo el Estado aplique una Política de austeridad en todo el estado, volverlo más pequeño y más eficiente. Esto va unido a los incentivos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, pues los empleados públicos que dejen el gobierno y el Estado deben ser absorbidos por el mercado laboral.
Promover que todas las Instituciones del Estado tengan como premisa la máxima publicidad de sus actuaciones, que permita la contraloría ciudadana.
Reformar la elección de Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, para garantizar su independencia.
Promover una Ley de Lobby Político que permita transparentar las gestiones y actividades que realizan todos los funcionarios públicos.
Elevar a categoría de delito el nepotismo o contratación de familiares en cargos públicos.
Promover una reforma constitucional para la imprescriptibilidad de los delitos de enriquecimiento ilícito.
Fortalecer la Ley de Probidad, consensuada con organizaciones de la sociedad civil y la Corte Suprema de Justicia, con sanciones y repercusiones por su incumplimiento.
Regular el gasto en publicidad gubernamental.
Introducir el “Public Compliance” como una estrategia nueva de combate a la corrupción en la administración pública.
Es indispensable encaminar al país en la transformación digital en la prestación de servicios públicos. Esencialmente promover que los servicios públicos se soliciten y presten por medios digitales y simultáneamente facilitar el pago electrónico de estos servicios.
Digitalizar los procedimientos administrativos.
Promover iniciativas de ley o reformas a las existentes, que fortalezcan la seguridad y eficacia jurídica en la implementación de ecosistemas digitales especialmente relacionados a comercio electrónico, firma electrónica y protección de datos personales.
Promover la implementación de la normativa necesaria para aplicar la identidad digital desde el momento del nacimiento de las personas.
Promover iniciativas de promoción y facilitación de la educación digital de los niños y jóvenes.
Recortar el presupuesto de defensa y reorientarlo a la educación, para mejorar la infraestructura de las escuelas. Más libros y menos balas.
Incrementar el salario a los maestros, acorde al servicio que brindan.
Elevar a categoría de obligatoriedad el estudio del idioma Inglés en todas las escuelas públicas y privadas.
Dotar de recursos tecnológicos a las escuelas públicas: computadoras e internet.
Pagar viáticos a los atletas que salen a competencias internacionales a representar al país, como si fueran funcionarios públicos.
Buscar una equidad entre la parte académica y física en los colegios y escuelas, para formar alumnos integrales.
Agregar a la Ley General de Deportes un Capítulo completo sobre el fomento al deporte.
